Enrique Guerrero Navarro

    Recientemente el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, lanzaba a la opinión pública la posibilidad de que el Gobierno español extienda la educación pública hasta los 18 años.

   Desconozco las motivaciones que el Ministro tiene para plantear una nueva reforma educativa de este calado, pero parece lógico que dada su magnitud, la necesidad de esta reforma debería estar debidamente justificada, argumentada y basada en un riguroso análisis de la situación de la educación en la actualidad. Y que en este análisis participasen, de forma muy activa, los profesores (normalmente olvidados a la hora de plantear estas iniciativas).  

   A día de hoy los alumnos deben permanecer en el aula de forma obligatoria hasta los 16 años. Pero la realidad demuestra que muchos de ellos se desvinculan del sistema antes de alcanzar esta edad. Y que no titulan en Secundaria un treinta por ciento del alumnado. Casi uno de cada tres alumnos no obtiene el título de E.S.O. al finalizar la enseñanza obligatoria. Y para el setenta por ciento restante el nivel de conocimientos adquiridos es muy inferior al de épocas recientes, dados los problemas de conducta que en el aula provocan los alumnos más desmotivados

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  ¿Cómo será la situación si la obligatoriedad se lleva hasta los 18 años? ¿Qué tipo de formación se prevé impartir en este periodo? ¿Se implantarán adaptaciones curriculares u otras medidas de apoyo? ¿Serán los institutos guarderías de potenciales parados? Porque la edad mínima para la incorporación al mercado laboral deberá, en consecuencia, incrementarse, privando de la posibilidad de socialización a través del trabajo a aquellos alumnos cuya motivación y resultados académicos no les permitan finalizar con éxito su periodo de escolarización.

  Conceptualmente la posible reforma contiene elementos muy positivos. Destacaría entre ellos el reforzamiento del principio de igualdad de oportunidades, ya que ningún alumno abandonaría prematuramente la educación por motivos económicos. También ayudaría a incrementar el nivel formativo del conjunto de la población, aspecto de vital importancia en las sociedades modernas.

  Por tanto no se debería renunciar en cualquier reforma futura a estos y otros aspectos conceptuales muy positivos, pero tampoco olvidar en ningún momento que la situación actual presenta déficits muy importantes y de carácter estructural.

  Los recursos del Estado son limitados. Si bien cualquier gasto realizado en educación debe considerarse una inversión, no puede considerarse efectiva ni socialmente rentable una tutela a jóvenes que no desean, al menos en ese periodo de su vida, continuar con su formación. La importante inversión pública que supondría la reforma planteada podía ser empleada para:

·         Estudiar las causas del fracaso y abandono escolar, para consolidar el sistema actual y conseguir que una amplia mayoría del alumnado llegue a titular y alcance un nivel académico superior al que hoy obtiene.

·         Dotar al sistema educativo de los medios personales y materiales necesarios para este fin.

·         Ampliar la oferta formativa pública para todos los alumnos que lo deseen, sin carácter obligatorio y facilitando las becas necesarias para que ninguno de ellos abandone la enseñanza por problemas económicos.

·         Adaptar esta oferta formativa a las demandas del mercado laboral, para que los alumnos que a corto o medio plazo quieran incorporarse a él puedan hacerlo con un buen nivel de capacitación.

   En definitiva, en mi opinión, un mayor periodo de escolarización obligatoria no garantizará de ninguna manera una mejor formación académica ni personal. Esta se logrará mejorando notablemente el actual sistema educativo y ampliándolo si se considera necesario para todos aquellos que estén en disposición de seguir formándose. Una apuesta por la calidad frente a la cantidad.